Ayer concluyó la impresión de 93 millones de boletas para la consulta sobre el juicio a ex presidentes del 1 de agosto próximo.
Una farsa que no llevará a ningún lado, más que a tirar a la basura más de 500 millones de pesos, necesarios y útiles en plena epidemia de Covid-19 o para comprar los medicamentos que hacen falta para los niños con cáncer.
Andrés Manuel López Obrador sabe perfectamente que esa consulta, a la que obligó al Instituto Nacional Electoral (INE) a realizarla nomás no significa más que mantener el discurso del combate a la corrupción.
La ley no se consulta han reiterado los especialistas en derecho.
Basta con que se presente una denuncia ante el Ministerio Público para que se inicie la indagatoria en contra de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña o de quien sea.
Pero no.
Hay que hacer lo que tanto critica Andrés Manuel: politiquería.
-¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? es la pregunta original que como titular del Ejecutivo presentó López Obrador al Senado el 15 de septiembre para que fuese vinculatorio el resultado.
Cabe recordar que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no reunió las 1.8 millones de firmas que se requieren, conforme a la Constitución -al menos 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal- , para que el pueblo bueno y sabio presentara la solicitud.
Por eso debió intervenir el Ejecutivo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reformuló la pregunta, luego de que se presentara una controversia.
Los ministros se lavaron las manos y decidieron redactar una pregunta enredada, mal hecha y que no la entiende ni el que la escribió:
-¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?.
En una mañanera de hace un par de semanas, López Obrador tuvo que resumir su objetivo:
-De lo que se trata es de saber si se enjuicia o no a los ex presidentes Zedillo, Salinas, Fox, Calderón y Peña.
Añado: De lo que se trata es de prolongar el discurso, de dar a sus seguidores lo que les gusta y de continuar en la campaña permanente.
Necesita 37 millones de votos
Para que la consulta sea vinculatoria se requiere, según la Carta Magna, del 40 por ciento de los votos mínimo de la Lista Nominal, lo que significa unos 37 millones.
Y aunque en los estados donde Morena ya gobierna y va a gobernar, tras ganar 11 sólo y dos con el Verde y el farsante Ricardo Gallardo Cardona, y Movimiento Ciudadano y el adicto al Tik Tok, Samuel García, en la elección del 6 de junio, fácilmente se supera esa cantidad, no será fácil hacer que todos voten.
Claro que hay una opción:
Si amagan a sus seguidores con retirarles las becas -adultos mayores, estudiantes, madres solteras, desempleo y más- seguro se levantan y van a votar a favor.
Cabe señalar que el Estado de México y la CDMX, donde Morena recibió una patiza el 6 de junio, encabezan la lista de las mesas que se instalarán con poco más de 12 mil en total.
Y esos votantes no harán el caldo gordo a Andrés Manuel.
Vámonos: No estalló la huelga en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) que, por cierto, creó López Obrador.
Tania Rodríguez Mora, que cobra como rectora, envió a dos o tres representantes nomás a hacerle al cuento en la Junta de Conciliación.
La huelga se reprogramó para el 10 de agosto.
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